Para cualquier gobierno de un país en proceso de desarrollo su principal reto es reducir la brecha de desigualdad que existe entre los diferentes estratos de la sociedad y brindarles a los grupos tradicionalmente marginados oportunidades de crecimiento que impacten positivamente en toda su comunidad.

Esta misión resulta titánica en aquellas naciones con una orografía complicada y con asentamientos humanos dispersos, ya que esto dificulta desarrollar la infraestructura para ofrecerles servicios elementales.

Sin embargo, en los últimos años han surgido iniciativas amparadas por la innovación tecnológica que podrían coadyuvar a generar ambientes de mayor equidad e inclusión, al poder subsanar las dificultades que conlleva la distancia geográfica y social.

Cédula de identidad digital

Para poder llegar de una forma efectiva a aquellas personas que requieren de un impuso gubernamental y social para superar los niveles de marginación, es necesario que, primero, sean considerados ciudadanos. Aunque parezca algo increíble, todavía en nuestros tiempos alrededor del 2.1% de la población mexicana no cuenta con un acta de nacimiento, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), por lo que oficialmente esas personas no existen.

La mayoría de los mexicanos sin identidad legal son niños que viven en zonas rurales de difícil acceso y en situación de alta marginación. Al no tener conocimiento de su existencia, se dificulta la oportunidad de generar políticas de desarrollo adecuadas y alcanzables, ya que se desconoce realmente la cantidad de personas que necesitan apoyo gubernamental y el tipo de ayuda específica que necesitan.

Es por ello que el primer paso que tendría que tomar el gobierno federal es la creación de una infraestructura digital que permita el registro de manera remota de los recién nacidos y que les otorgue un documento sustentado en datos biométricos, de manera que su identidad pueda ser validada y protegida al momento de realizar algún trámite o solicitar algún tipo de apoyo ante una dependencia gubernamental.

Con una cédula de identidad digital no sólo se estaría garantizando el derecho constitucional de cualquier mexicano a tener una identidad, sino que también sería el insumo para generar bases de datos con propósitos específicos como, por ejemplo, la creación de un padrón para otorgar un apoyo social.

Este tipo de documentos de identificación biométrica se han extendido en países europeos, de Oriente Medio y en África, en donde las huellas digitales se utilizan para confirmar la identidad del ciudadano antes de que se le otorgue un servicio gubernamental.

Impulso a la inclusión financiera

Sin lugar a duda, el acceso a productos financieros a través de la tecnología puede ser un detonante para que comunidades completas puedan impulsar su economía social, al generar redes de intercambio comercial a precios competitivos y al obtener créditos que les permitan incrementar su capacidad productiva.

Hoy en día, muchas comunidades cuentan con productos de alto valor, pero están a merced de intermediarios que tienen los recursos para negociar con grandes compradores, pero que no les pagan precios justos, y de usureros que les prestan dinero bajo condiciones totalmente desfavorables.

Lamentablemente, las finanzas populares siguen sin ser un mercado atractivo para las grandes instituciones bancarias debido a que estas transacciones, con montos tradicionalmente bajos, generan gastos operativos muy grandes y dejan un margen de ganancia pequeño.

Sin embargo, estos inconvenientes podrían solventarse si se aprovechara la penetración que tiene la telefonía móvil en la mayor parte del país y se brindara a los usuarios la posibilidad de transaccionar con sus teléfonos inteligentes de manera segura, con la validación de su identidad a través de sistemas biométricos.

Combate a la corrupción

Tres de los grandes dolores de los programas sociales es la incapacidad que se tiene para dispersar los recursos en personas que realmente los necesitan; que el tipo de recurso sea el adecuado para cubrir una necesidad específica del beneficiado y la falta de mecanismos de fiscalización para evitar actos de corrupción y opacidad.

En el mercado ya existen soluciones tecnológicas como Social ID, de Biometría Aplicada, que permite a los gestores de programas sociales ubicar a las personas en situación de marginación sin importar en qué parte recóndita del país se encuentren; generar una estrategia sobre el tipo de apoyo, ya sea en efectivo o en especie, que se estará entregando y llevar un seguimiento sobre su utilización y el impacto que está generando en el ciudadano y su comunidad, de manera que se le pueda dar continuidad o se redefina el tipo de ayuda; y evitará la desviación de recursos por parte de los colaboradores gubernamentales, ya que se generarán expedientes donde se deberá justificar el otorgamiento del apoyo y la identidad del beneficiario, así como la identidad de la persona que gestionó la ayuda.

La generación de bases de datos de ciudadanos conlleva una gran responsabilidad para las dependencias gubernamentales, por lo que estos proyectos deben ser desarrollados de la mano de empresas especializadas que puedan ofrecer una tecnología flexible, que se adapte a las diferentes necesidades de los gobiernos, pero con controles rigurosos y estandarizados que prevengan la filtración de esta información.