¿Te opones al Panaut para no darle tus datos biométricos al gobierno? Qué crees, ¡ya los tiene!

Adriana Rodríguez Canales

8 julio, 2021

 

“Voy a ampararme en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut) porque es una medida anticonstitucional y vulnera mi derecho a la privacidad. No le voy a dar mis datos biométricos al gobierno para que pueda vigilarme”, es el argumento que Martha Córdoba* repetía a sus conocidos y amigos tras darse a conocer en abril pasado que el Senado de la República había dado luz verde a la conformación de una base de datos que busca ligar la información biográfica y biométrica de una persona a su línea telefónica.

Martha, quien votó en las últimas elecciones, viaja de manera constante a Estados Unidos y es una pequeña empresaria con cinco personas a su cargo, ha recalcado además que la medida pondría en grave riesgo a los mexicanos, ya que en el pasado el gobierno ha dado muestras de su incapacidad para garantizar la seguridad de una base de datos de esta magnitud.

Aunque los argumentos de Martha podrían tener múltiples aristas para debatir, llama la atención que al ser una votante activa, al tener un pasaporte que le permite salir del país y al pagar impuestos, no conceptualice que su principal temor, es decir, que el gobierno tenga sus datos biométricos, hace mucho tiempo que se cumplió.

Y es que el Panaut sólo sería una iniciativa gubernamental más para conformar una base de datos respaldada en biométricos que cumpliría con un objetivo en específico, ya que, cuando se estructuran este tipo de registros, legalmente se estipulan candados que limitan su uso.

Una de las bases de datos con biométricos más robusta del país pertenece a una institución gubernamental, el Instituto Nacional Electoral (INE), que ya supera los 93 millones 439 mil 999 mexicanos en su Lista Nominal, aunque sólo tendría las biometrías de poco más del 80%.

El INE comenzó con el proceso de captura y resguardo de las 10 huellas dactilares y los rasgos faciales de los ciudadanos desde el 2001, con el objetivo de evitar duplicidad en los registros y depurar la base de datos que contiene la información de la ciudadanía.

Por ello, ha sido el pilar para la conformación de otras bases de datos, ya que dentro de sus funciones y servicios está el de autenticar que los datos biográficos (nombre completo, domicilio, fecha de nacimiento, género, firma, CURP, clave de elector) y las biometrías de la persona que busca integrarse a esa nueva base concuerden con lo que la institución tiene inscritos.

Esto no significa que el INE esté facultado para compartir tus datos, sólo verifica que la solicitud que está recibiendo coincida con sus propios registros y manda una alerta en caso de que no sea así, pero no proporciona información específica sobre la identidad que se busca autenticar.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es otro de los organismos que cuenta con una gran cantidad de registros biométricos de los ciudadanos, con más de 100 millones de huellas dactilares, 20 millones de iris y 15 millones de rostros.

Aunque anteriormente el SAT podría usar los datos biométricos que tiene en su poder para ofrecer un servicio de verificación de identidad, esta facultad fue limitada en la Miscelánea Fiscal de 2021 y ahora sólo atiende solicitudes de verificación de un tercero cuando el contribuyente determine el uso de la firma electrónica avanzada como medio de autenticación.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la encargada de expedir el pasaporte mexicano, también lleva varios años capturando la información biométrica de los solicitantes, específicamente rostro, huellas dactilares, iris y firma electrónica. Como la emisión de pasaportes está directamente relacionada con los recursos económicos que permiten un viaje al extranjero, se estima que sólo el 20% de la población tiene o ha llegado a tener este documento, por lo que su registro es relativamente pequeño en comparación con la de otras instituciones.

Al ser la SRE una dependencia centralizada del gobierno federal, está facultada para compartir información con el Registro Nacional de Población (Renapo), que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob). Es por ello que recientemente se dio a conocer que la Segob empezaría a conformar su base de datos para la creación de una cédula nacional de identidad sustentada en biométricos con la información compartida por la SRE.

Aunque el SAT es un órgano descentralizado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), no cuenta con una autonomía total, por lo que también compartirá su registro con Renapo.

Caso contrario es el del INE, que al ser un órgano autónomo no está obligado a generar estos acuerdos de colaboración con otras dependencias gubernamentales y ya tuvo un desencuentro con la Segob, al negarse a participar en la conformación de la base de datos de Renapo.

“Es comprensible que la gente sienta temor y resistencia hacia las novedades tecnológicas y en muchas ocasiones, al desconocerse cómo funciona, creemos que es muy fácil que una base de datos sustentada en biométricos sea robada y de pronto puedan empezar a circulas silicones con nuestras huellas dactilares impresas, o máscaras y maniquís hiperrealistas con nuestro rostro, con el objetivo de suplantar nuestra identidad, pero esto no es verdad”, señala Adolfo Loera, presidente del Consejo de Administración de Biometría Aplicada.

“Con la tecnología actual, un ciberdelincuente tardaría cerca de 50 años en poder descifrar los templates que se generan para resguardar las biometrías de una persona y aún tendría que vencer el reto de crear un dispositivo lo suficientemente real para poder engañar al software de autenticación, que hoy en día cuenta con diversos elementos que le permiten identificar si se trata de una biometría viva o de un intento de suplantación”, agregó Loera.

Respecto a la posible puesta en marcha del Panaut, el experto en identidad digital recalcó que la utilización de los biométricos para garantizar interacciones seguras tanto en el mundo real como en el mundo digital es una tendencia que dominará al mundo en los próximos años, y poco se puede hacer para frenar sus implementaciones.

“La economía digital, o la cuarta revolución industrial como la llaman algunos, ya está aquí y si ya era una transformación que venía gestándose en los últimos años, con la pandemia de covid-19, el proceso se ha acelerado. Poco podemos hacer para frenarla, pero sí podemos enfocarnos en exigir que las iniciativas que buscan resguardar nuestros datos, ya sea gubernamentales o privadas, se cercioren que los proveedores tecnológicos con los que trabajan cuenten con las certificaciones y la experiencia para garantizar que el diseño de su plataforma cumpla con todas las medidas de seguridad y que su utilización se limite a lo que marca la ley”, concluyó.

*El nombre fue cambiado para proteger su identidad.

Quizás también te interese leer…

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *